Los padecimientos que predominan en los centros penitenciarios de la República Dominicana son los problemas cardíacos, que se convierten en una enfermedad de alto riesgo que afecta a la población de internos de diferentes edades y géneros. Otros, con porcentajes significativos, son: falcemia, afecciones de visión, obesidad y renales.
Pero además, en las cárceles del país existen medidas de bioseguridad muy débiles para evitar la propagación de pandemias y enfermedades infectocontagiosas. Mucho más en los centros del viejo modelo, que tienen pabellones diseñados para 200 personas, pero conviven hasta 700.
Las aseveraciones son detalladas en el Estudio Cualitativo de las Condiciones de Salud en Centros Penitenciarios de la República Dominicana, presentado este jueves por la defensor del pueblo. «Cada uno tiene que cuidarse, no hay nadie más que te cuide, tienes que cuidarte tú», subraya una de las declaraciones a dicha entidad pública autónoma, encargada de salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos.
Pero además, indica el informe, de la única manera que separan a un privado de libertad de otro en las cárceles del país es si tiene covid-19. El trabajo de prevenir otras enfermedades infectocontagiosas un asunto «individual».
Como por ejemplo, los presos diagnosticados con tuberculosis o neumonía, que se mantienen junto a los demás internos «sanos» en recintos con alto niveles de hacinamiento, facilitando la propagación de
todo tipo de enfermedades y potencializa los factores de riesgo de contagio de virus, enfermedades infectocontagiosas y de transmisión sexual, según el estudio.
Las condiciones de higiene de los centros pueden agravar algunos de estos problemas, como los renales, por ejemplo. Por su parte, las enfermedades infectocontagiosas de alta peligrosidad, como tuberculosis y hepatitis, siguen apareciendo en las estadísticas de los centros penitenciarios, y en el estudio cualitativo realizado, a pesar de haber sido señaladas en informes anteriores como el de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de 1999.
En ese orden, dice el informe de manera textual: «la existencia de personas viviendo con VIH en la población penitenciaria también aparece en los datos estadísticos y en las entrevistas, al igual que otras infecciones de transmisión sexual y enfermedades infectocontagiosas, que no cuentan con un sistema de prevención dentro de los centros penitenciarios. Tanto las personas con VIH como las que tienen tuberculosis, neumonía y otras enfermedades infectocontagiosas se mantienen en convivencia con las demás personas internas».
La respuesta institucional señaló que se distribuyen condones para prevenir las infecciones de transmisión sexual y VIH, pero no reconoció que se ofrezcan métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados en los centros de mujeres. Se entiende que estas últimas no se van a «embarazar», desconociéndose así su realidad afectivo-sexual.
Los resultados del estudio mostraron que muchas de las personas entrevistadas padecían estas enfermedades desde antes de ingresar a los centros, mientras que otras las adquirieron dentro. Se entiende que quienes llegaron con ellas las vieron agravarse luego de estar «encerrados» y «encerradas».
En varias de estas declaraciones se destaca que el traslado al hospital requiere no solo de trámites burocráticos, de premisos que se solicitan con muchos meses de antelación, sino que si se le da dinero al personal el traslado se consigue con mayor facilidad.
Las informaciones recogidas por el censo del Defensor del Pueblo (2022) reflejaron que el 31.74 % de las personas que padecen algún tipo de enfermedad no recibieron ningún tipo de tratamiento médico. En comparación con los datos que aparecen anteriormente sobre las condiciones de salud y las enfermedades más frecuentes, esta situación resulta altamente preocupante.
Quienes indicaron haber recibido algún tipo de tratamiento señalaron que este no era ni frecuente ni continuo, tal y como se desprende del Gráfico 2. Estos datos reiteran los señalamientos de la población entrevistada en el sentido de que existen muchas barreras para seguir con el tratamiento a sus padecimientos, incluyendo casos de personas con cáncer o con enfermedades crónicas.
Pero además, indica el defensor del pueblo, los internos tienen problemas para ser trasladados a centros de salud a recibir atenciones médicas.
Fuente: Hoy.com.do