La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue denunciada constitucionalmente por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, como autora de delito de cohecho pasivo impropio (soborno). La acusación, presentada ante el Congreso, deberá ser evaluada por la Comisión Permanente, la cual determinará si hay suficientes indicios para admitirla.
De ser aceptada, se creará una Subcomisión de Acusaciones Constitucionales encargada de investigar y emitir un informe, que posteriormente será debatido y votado por la Comisión Permanente. Si se aprueba, el pleno pasaría a revisarla, lo que podría resultar en la suspensión, destitución de la mandataria y un juicio político.
De acuerdo con el documento fiscal citado por la televisora, los artículos de lujo entregados por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a la presidenta fueron una contraprestación para que emitiera una serie de decretos que beneficiaban a esa región mediante el aumento de sus partidas presupuestarias.
La Fiscalía ha determinado que las joyas utilizadas por Boluarte, valoradas en aproximadamente US$ 32,000, representan “el cuerpo del delito” y que la aceptación de estas “donaciones” constituye un “modus operandi” de acciones ilegales que implican un abuso de su función pública.